En el contexto venezolano, existe una marcada carencia de protocolos de accesibilidad en los programas de formación corporativa y profesional, donde el diseño de los contenidos suele omitir las necesidades de las personas con discapacidad. Esta omisión estructural no solo genera una discriminación en el desarrollo de competencias laborales y técnicas para este sector de la población, sino que contraviene los principios de responsabilidad social empresarial y las normativas legales vigentes. Al no contar las instituciones universitarias y las empresas de capacitación, con suficientes interpretes en Lengua de Señas Venezolana (LSV) se hace imperante fortalecer el aprendizaje a través de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), consolidando estos entornos digitales con herramientas de inteligencia artificial inclusiva o la interpretación en Lengua de Señas Venezolana, a fin de facilitar el acceso al conocimiento y al crecimiento profesional. La problemática de la exclusión comunicativa no se circunscribe únicamente al ámbito universitario; por el contrario, se extiende de manera transversal hacia instituciones públicas, empresas privadas y diversas organizaciones que han migrado sus procesos de capacitación al formato de cursos en línea (e-learning). La población objeto de estudio está conformada por estudiantes universitarios con discapacidad auditiva y aquellos que, debido a las fallas de conectividad o diseño instruccional, queden fuera al requerir asistencia inmediata. La problemática identificada radica en la exclusión educativa y las severas barreras de comunicación que impiden a estas personas con discapacidad, continuar con sus estudios en igualdad de condiciones, enfrentando un sistema que carece de intérpretes en Lengua de Señas Venezolana (LSV). Ante esta realidad, el objetivo general es proponer la integración de dos agentes inteligentes: un chatbot para resolver dudas de manera eficiente y un avatar animado entrenado en LSV, bajo un marco ético de actuación racional. Los resultados esperados determinan que la implementación de IA con supervisión humana no solo optimiza la productividad académica, sino que cumple con el mandato constitucional de inclusión social. Se demuestra que un gran poder tecnológico conlleva una responsabilidad ética de gran magnitud, donde la transparencia y la soberanía son las llaves para que la IA sea, de verdad, una herramienta de justicia social.